EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA, 22 de junio de 2010
Los retos de altura que enfrenta la Universidad de Puerto Rico en el campo académico, en el ámbito administrativo y como tal en la protección de su futuro, requieren de la renuncia inmediata de su presidente y de la presidenta de su Junta de Síndicos, una salida que sería para la UPR una defensa preventiva de su integridad. La huelga que mantuvo cerrada la UPR por 60 días ha llegado oficialmente a su fin por decisión del estudiantado reunido ayer en Ponce bajo la dirección del Comité Estudiantil Nacional. Los estudiantes han evaluado el proceso y ratificado los acuerdos para dejar atrás una huelga histórica. La limpieza general iniciada por ellos era ya una metáfora de un tiempo nuevo que comenzaba a asomarse y que debe aflorar del todo.
Los estudiantes han hecho su parte con honor y rigor; toca ahora a la Administración asumir la suya, como primer paso, con la renuncia de sus principales directivos, José Ramón de la Torre e Ygrí Rivera, por el bien de la Universidad.
Como política editorial, durante el proceso huelgario nos mantuvimos siempre escuchando a las partes, brindando alternativas de consenso, de mediación, de diálogo, es decir, de protección de la Universidad más allá de toda otra consideración. Nos negamos a posiciones maniqueas de buenos y malos, que suelen ensombrecer más que aclarar los caminos. Tampoco quisimos caer en la rápida y superficial personalización de los conflictos.
Pero acabada la huelga, planteamos nuestra convicción de que el proceder del presidente de la Universidad y de la presidenta de la Junta de Síndicos, tanto en el interior de las negociaciones como en el ámbito de exposición publica, estuvieron dramáticamente distantes de lo que se espera de figuras en puestos de tan alta responsabilidad.
Si de algo dieron cátedra, en forma clara, antes de estallar y durante toda la huelga, fue de incompetencia.
Faltó algo tan básico como el ejercicio de la autoridad sin arrogancia, que sabe reconocer y tratar al otro como a un auténtico interlocutor; faltó visión para crear mecanismos garantizadores de mayor inclusión en el proceso de discusión; faltó el convencimiento básico de la autonomía universitaria frente a los tentáculos partidistas de todo tipo; faltó un talante natural para el diálogo que está basado en un apego innegociable a la verdad por encima de todo; faltó real aspiración al consenso, que implica la capacidad de ceder en lo secundario para asegurar lo fundamental; faltó un acatamiento elegante de los acuerdos finales como zapata necesaria para garantizar etapas y avances posteriores.
Faltó demasiado.
Sin duda alguna, tenemos que repartir responsabilidades dentro de este amplio reglón de ausencias, pero no es un secreto que el mayor peso recae sobre quienes presiden la Universidad y la Junta de Síndicos.
Es hora, igualmente, de que el gobernador Luis Fortuño aprenda la lección: el mejor servicio que puede dar un gobernante a esta magna institución, es garantizar creativamente los fondos para que crezca y madure en el tiempo; y mantener escrupulosamente, él y todo el Gobierno, una distancia consciente del acontecer cotidiano de la Universidad.
Es un imperativo que José Ramón de la Torre e Ygrí Rivera renuncien cuanto antes a sus puestos. El Gobernador debe, por su parte, devolverle la UPR a los universitarios para que tracen un nuevo rumbo desde sus propias fuerzas.
Sólo así la ratificación de los acuerdos y el fin de la huelga se convertirán realmente en el comienzo de un nuevo tiempo para la Universidad y en herramientas para evitar en el futuro nuevos conflictos.
La oportunidad está servida.
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