LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y SU FUTURO

por Marcia Rivera

La esperanza de poder traducir utopías en reformas ha llevado a un renacer del movimiento universitario latinoamericano que se verifica desde finales de la década de los noventa. Además de luchas estudiantiles que siguen activas en diversos lugares, incluyendo a Puerto Rico, los profesores, los investigadores, los rectores, trabajadores universitarios, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios de los Ministerios de Educación, se han movilizado reiteradamente en defensa de la educación superior pública. En disputa a nivel internacional están dos visiones de la educación superior: una que la define como un bien público social, como un derecho humano fundamental; y otra que la concibe como un servicio sujeto a las leyes del mercado;  por ende, se piensa que debe ser el mercado quien se encargue de ofrecerla y organizarla a través de la Organización Mundial del Comercio.  La primera visión la defienden con ahínco todos los países de América Latina y el Caribe, mientras que en Estados Unidos y en varios países europeos y asiáticos importantes sectores políticos suscriben la visión mercantilista de la educación superior.

Hace menos de un año, se celebró en París la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO.  Allí las delegaciones latinoamericanas abogaron porque ésta fuera considerada un instrumento fundamental para la construcción de un futuro mejor para toda la población del planeta. Insistieron en la necesidad de contar con recursos adecuados para que las universidades públicas puedan atender una creciente demanda, asegurando oportunidades educativas a toda la población. Plantearon, además, su compromiso de convertirse en pivote de un desarrollo económico y social sostenible, ya que es en ellas donde se concentra la mayor capacidad de investigación y de generación de nuevo conocimiento.  América Latina está unida en este empeño y desarrollando numerosos programas bilaterales y regionales dirigidos a fortalecer sus universidades públicas.  Es impensable que un jefe de estado de la región pueda arremeter contra la universidad pública, como se está haciendo en Puerto Rico. Sigue leyendo

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